Por Prof. Joaquín G. Puebla
INJUSTICIABLE: Adjetivo. Este vocablo es de uso anticuado, se entiende por injusticiable (en derecho) que no es justiciable o que no está sometido a la acción de los tribunales de la justicia, así mismo a la falta de procedimiento o la pena a un reo o delincuente y la carencia de justicia. Este vocabulario etimológicamente está compuesto del prefijo “in” privación o negación, del verbo activo transitivo “justiciar” y del sufijo “ble” que indica susceptible o puede ser.
“Citaron a Fernando Espinoza por la banda parapolicial de La Matanza – El actual diputado nacional y ex intendente matancero deberá presentarse ante la Justicia por el caso del pastor y 6 policías que secuestraron a un narco” (https://www.elintransigente.com/politica/2018/11/10/citaron-fernando-espinoza-por-la-banda-parapolicial-de-la-matanza-522675.html), así informaba el portal de noticias “El Intransigente” respecto a la citación judicial de Espinoza y explicaba que “El fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, le pidió al juez Néstor Barral que cite a Fernando Espinoza a declaración indagatoria por la causa de la banda parapolicial de La Matanza, donde investigan a un pastor y 6 policías por el secuestro de un narcotraficante. Es que, según trascendió, existirían comunicaciones telefónicas entre un ex comisario y el ex intendente matancero que complicarían su situación del actual diputado dentro de este expediente”.
El pedido del fiscal federal de Morón, Sebastián Basso, lo resolvería en febrero próximo, luego de la feria judicial, Néstor Barral, titular del Juzgado Federal N° 3 de Morón.
“Se llama a indagatoria a una persona sobre cual existe alguna sospecha de que haya estado implicada en un caso judicial bajo investigación” me explicaron algunos abogados conocidos pero, si se lee atentamente el dictamen del fiscal que pide las indagatorias, es llamativo cuando señala que “Espinosa venga para hacer su descargo”, sabiendo el fiscal que Fernando Espinoza tiene fueros por ser Diputado nacional y deja a Magario afuera siendo la Intendenta.
Ante esto es plausible preguntarse ¿qué tiene que explicar Espinosa si no es funcionario municipal en la gestión de Magario? Con solo este interrogante se puede solicitar la nulidad de la causa.
Como puede verse claramente es la causa se mezcla la política y, valga la redundancia, la política judicial.
El fiscal Basso señala en su dictamen que se montó un sistema paralelo o parapolicial en el manejo de la seguridad del distrito. Es complejo de explicar algo cuando no hay sustento legal que explique lo que quiere decir el fiscal. La secretaría de Protección Ciudadana de La Matanza, que conducía el Dr. Carlos Orsingher, no diseñaba la política de seguridad del distrito porque no estaba dentro del marco regulatorio (la LOM – Ley Orgánica de las Municipalidades) en el cuál debía moverse. La política de seguridad la diseña el gobierno provincial a través del Ministerio de Seguridad y la ejecuta la Policía bonaerense, los municipios solamente “colaboran” materialmente; es decir pueden pagar el combustible de los patrulleros o donar patrulleros o pagar servicios adicionales, etc.
Otra contradicción del dictamen del fiscal Basso es cuando habla de enriquecimiento ilícito pero, después de haber investigado de arriba abajo a los implicados en la causa en lo que respecta a su patrimonio, se encuentra que no hay tal enriquecimiento; entonces deja en el aire la duda y pasa a señalar la cuestión de la “Asociación Ilícita”.
Dicha acusación se basa en los dichos Mario Puñales, “El Pastor Justiciero”, quién sostiene que trabajaba para el municipio. Al respecto, Semanario “Quinto Poder” publicó, en la nota, “CUANDO NI LOS VOTOS ALCANZAN” de octubre de 2017, (https://semanarioquintopoder.com/?p=18888) que “se está armando un embate político – judicial que amenaza la estabilidad política de la pareja gobernante (por Magario – Espinoza)” y, párrafos después, explicamos que “Mario Puñales se acercó a la secretaría de Protección Ciudadana a colaborar de motus propio (con movimiento propio) acercando material sobre delitos que se estarían cometiendo en diferentes localidades del distrito y sus dichos cobraron relevancia al haber colaborado con información de la detención de un narco. A partir de eso sus dichos cobraron veracidad en los oídos de algunos funcionarios y continuó acercando información. Un colaborador del área de seguridad me preguntó un día si tenía relación con el Pastor Justiciero porque le habíamos hecho una nota en nuestro medio (https://semanarioquintopoder.com/?p=15057). Obviamente negué cualquier tipo de relación y/o colaboración pero el colaborador insistió en el tema. Al volver a negar cualquier tipo de relación y/o colaboración y al aclararle que la nota se debió al hecho que el mismo Mario Puñales se había contactado con uno de nuestros periodistas para contarle sus andanzas como Pastor Justiciero, nos pareció una nota interesante y realizamos la entrevista” y a continuación explicamos que “Ante mis dichos el colaborador del área de seguridad del municipio me muestra información que habría aportado dicho personaje como resultado de una ardua investigación realizada por él. Al leer el documento me di cuenta que era un compendio de varias notas publicadas por Semanario ‘Quinto Poder’ y se lo hice notar a mi interlocutor y le aconseje que leyera nuestro medio para que no lo engatusen de nuevo; es más, unas semanas después me cruce con Mario Puñales en la puerta de una oficina municipal, él me saludó (porque yo no lo registré) y le aconseje que tomase la costumbre de citar las fuentes cuando reproducía alguna nota del medio en sus informes; entre sonrisas admitió la travesura y se comprometió a no hacerlo más. Meses después sucedió lo del secuestro y posterior detención”
En la mencionada nota de nuestro medio hablamos de Nicolás Zalazar, con quien se ha ensañando, desde el principio, el fiscal Basso. Al respecto sostenemos que “El tema se ha sobredimensionado por efecto del clima político que se está viviendo pero me resulta sospechoso que se hayan cebado con Nico Zalazar. Todos conocen a Nico por haber estado a cargo de la custodia de Alberto Balestrini durante tantos años y, después del fallecimiento de esté, de su señora esposa María del Carmen Cardo” y agregamos que “la confusa información que se maneja respecto al tema me llena de sospecha porque a Nico hace dos años lo vienen investigando en base a denuncias anónimas. Las investigaciones fueron hechas por la Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires y por un fiscal matancero, actuando de oficio. Ambas investigaciones fueron cerradas hace pocos meses dejando a Nico libre de culpa y cargo. Precisamente esas investigaciones retrasaron su ascenso dentro de la carrera policial y el mismo se dio un par de meses de cerradas las supuestas causas porque, en honor a la verdad, Nico nunca estuvo involucrado en ninguna causa, nunca fue imputado ni nada parecido. Dos denuncias anónimas que nunca tuvieron sustento le empiojaron su carrera en la policía”.
El fiscal federal de Morón, Sebastián Basso parte de la equivocada premisa de que Nicolás Zalazar era funcionario municipal por encontrarse en el Palacio municipal pero Zalazar estaba a cargo de la custodia de María del Carmen Cardo de Balestrini, que es la esposa del ex Vicegobernador. Ese es su destino. ¿Por qué cuida a la esposa de un ex Vicegobernador? Porque si le pasa algo es un magnicidio. María del Carmen Cardo de Balestrini tiene una militancia política, es Concejal y funciones dentro del municipio. Entonces Zalazar tiene que estar en el lugar y coordinar con las otras personalidades que hay en el lugar, para hacer que la custodia específica de ella no sea invasiva y que no haya quilombo. Es simple y clara la explicación. Coordinar acciones de protección de una figura política no lo hace funcionario y, aún menos, jefe de una asociación ilícita.
Sobre el particular, al leer el expediente, se desprende que la acusación de Basso hacia Zalazar se basa en un par de minutos de charla telefónica entre el mencionado y Fernando Espinoza, donde solamente hablan de la llave de una oficina y sobre el funcionamiento de una cámara de seguridad interna del Palacio municipal. ¿Eso es prueba fehaciente de que Zalazar es funcionario municipal o demuestra su enriquecimiento ilícito o que lo incrimina cómo jefe de una asociación ilícita?
Pero más allá de todo lo expuesto la causa judicial se basa en el testimonio del “Pastor Justiciero”, Mario Puñales quien está detenido por liderar una banda de secuestradores. Todo lo que ha señalado Puñales la justicia no lo ha podido comprobar, no hay pruebas materiales que ratifiquen los dichos de Puñales.
JUSTICIA SELECTIVA
Como señalamos anteriormente no se encontraron pruebas materiales que ratifiquen los dichos de Puñales pero, ante esta falta de elementos probatorios, el Fiscal Basso saca de la manga la transcripción dos meses de escuchas telefónicas.
La transcripción de estás escuchas dejan muchas dudas porque se nota un grotesco “corte y pegue” en el dictamen. De una charla entre delincuentes arman todo el expediente de la causa. Es incomprensible que se admita como pruebas está parte de las escuchas por están “quirúrgicamente armadas” y, aun así, no dan sustento probatoria para ninguna acusación porque, simplemente, el fiscal no aclara a quienes pertenecen los teléfonos intervenidos ni tampoco explica a quién o quiénes corresponde los apodos transcritos de las escuchas.
La transcripción de las escuchas que figuran en el expediente, dejan un mar de dudas y ninguna certeza y, si le sumamos, las transcripciones que quedaron fuera del expediente, ni hablar.
Es sorprendente que el fiscal deja de lado transcripciones de las escuchas telefónicas que involucran a funcionarios judiciales y que implican otros delitos. Al no incorporar esas transcripciones al expediente deja de investigar otros delitos que salieron en las escuchas mencionadas, como el caso del Juez “Alim” que va a buscar el sobre con plata a la comisaria.
Semanario “Quinto Poder” tuvo acceso exclusivo a una parte de las desgravaciones que el fiscal Basso no sumó al expediente.
En dicha transcripción (la intervención telefónica se realizó el 16/08/2017) “se habla de que el Juez “Alim” va a ir a la comisaría a ver los detenidos e inspeccionar los calabozos pero, que en realidad, esa es la excusa para ir a retirar un sobre con dinero”.
Realmente esto es mucho más comprometedor que las transcripciones que el fiscal Basso ha puesto en su dictamen. ¿No está obligado un funcionario judicial, ante la presencia de un delito, a denunciar el mismo e investigarlo?
Si se lee detenidamente el dictamen del fiscal Basso, se ve claramente que especula cuando, en realidad, debe demostrar, con pruebas fehacientes, las acusaciones que realiza.
El fiscal Basso corta el hilo por lo más delgado, deja delitos sin investigar, protege a miembros de la familia judicial, arma una causa judicial en torno a las declaraciones de un convicto a un programa televisivo; es definitiva, mezcla todo con la clara intención de desviar la atención porque, si no se dieron cuenta, las elecciones ya pasaron y pegarle a Fernando Espinoza o a Verónica Magario ya no es la premisa, ¡!!no vaya a ser que ganen en las próximas elecciones¡¡¡