Por Prof. Joaquín G. Puebla
En febrero de 2016 Semanario “Quinto Poder” publicaba la nota “EL COUNTRY DE LA DISCORDIA” (https://semanarioquintopoder.com/?p=11160). En la misma explicamos que “En Ciudad Evita hay un sitio arqueológico (declarado de interés municipal dado que se encontraron restos fósiles, de lo que se supone, era del pueblo Querandí) que fue usurpado hace más de 20 años por Oscar Carballo, un discapacitado motriz que había puesto una chanchería en el lugar conocido como ‘Tres Ombúes’. Dicho predio se encuentra delimitado por la colectora de la Autopista Richieri y Camino de Cintura, justo enfrente de la Iglesia de los Mormones, al lado del estadio del club Deportivo Italiano”.
En su momento se produjo toda una movida política – judicial que puso el tema en el tapete, un juez matancero ordenó, por esos días, demoler dos viviendas que se estaban construyendo. La municipalidad cumplió con el mandato judicial, clausuró otras obras que se estaban llevando a cabo y puso una consigna policial en la entrada al predio.
Parecía que todo se encaminaba a recuperar un predio para el estado pero parece que tal cosa no sucedió y, a mi escaso entender, no sucederá.
Isabel Carballo, hija de Oscar Carballo quién usurpó esas tierras del estado nacional, inició un juicio de “usucapión”.
El término usucapión proviene del latín usus+capere, es decir, hacerse dueño de una cosa sin otro título más que el uso continuado de la misma durante cierto tiempo.
La usucapión es un término jurídico que indica un modo de adquirir la propiedad por el transcurso del tiempo. Esta adquisición se lleva a cabo mediante una posesión continuada durante el tiempo que exige la ley, el cual es de 20 años sin justo título y 10 años con justo título.
Para iniciar dicho juicio Isabel Carballo debió demostrar (según la legislación vigente) la posesión del terreno y, para hacerlo, debe presentar un plano o croquis firmado por un profesional matriculado y el pago de los impuestos durante 20 años.
Carballo presentó eso y pudo iniciar el juicio mencionado. Uno se pregunta: ¿cómo pudo cumplimentar todos los requisitos si el predio pertenecía al estado? Muy sencillo: debió “aceitar” el mecanismo de la “Municipalidad Paralela”; es decir, negoció con los corruptos porque tenía sellado y firmado el croquis y le permitieron pagar los impuestos en cuestión.
Más allá de lo informado anteriormente al volver al lugar nos encontramos que en el mismo estaban viviendo más de 900 familias. En un lapso de tres años de unos pocos (que eran al principio) pasaron a más de 10 mil personas que ya están viviendo en el lugar. El crecimiento poblacional no se dio gratuitamente porque cada lote fue pagado y hay boleto de compra – venta debidamente certificado por un escribano.
Isabel Carballo vendió a través de Rolando Pardo y las ventas son legales porque las mismas fueron hechas en el marco de un “convenio de cesión onerosa de derechos y acciones posesorias”.
Otro dato que nos impactó fue que el 60% de los habitantes son argentinos, hijos de bolivianos.
LA CORRUPCIÓN EN MOVIMIENTO
En noviembre del año pasado se comenzó a mover la maquinaria del estado y de la noche a la mañana el Juzgado Civil N° 2, Secretaria N° 1 de San Martín tomó cartas en el asunto y dispuso que la zona en cuestión fuese acordonada y custodiada por Gendarmería nacional. Dicha disposición se cumplió y se cumple dado que todo el terreno en cuestión está debidamente alambrado y hay dos puestos de control de la Gendarmería para evitar el ingreso de materiales de construcción.
Los Gendarmes que están custodiando no solo se limitan a evitar el ingreso de materiales de construcción (hecho algo relativo dado que hay casas de reciente edificación) porque, según el clima y el humor de los mismos, impiden el ingreso de bidones de agua (no hay agua corriente) o de alimentos o de electrodomésticos, etc. También, según misteriosas órdenes emanadas por la autoridad competente (eso se supone) realizan “requisas en las casas particulares” sin ninguna orden judicial de allanamiento, hecho expresamente prohibido por la Constitución Nacional.
Pero desde la intervención de la justicia no paran las irregularidades ni el desfile de políticos o representantes de políticos que, por unos pesos, arreglan todo o te consiguen una reunión con la Intendente Verónica Magario que, según estos mensajeros del poder, “está muy al tanto de lo que está sucediendo y con ganas de ayudar a los vecinos”.
No solo desde la Municipalidad de La Matanza están enviando mensajeros, aparecieron un par en nombre de legisladores nacionales de “Cambiemos” que estarían dispuestos, a cambio de un justo precio, a votar favorablemente una ley para que aquellos que hayan pagado los lotes puedan escriturar como es debido.
Han aparecido también representantes de la Agencia de Administración de Bienes del Estado, que es quién presentó la querella judicial, ofreciendo sus “buenos oficios” para resolver todos los problemas a los propietarios de los lotes.
Todo lo escrito hasta ahora sería la introducción a la verdadera nota y, por razones lógicas de edición la nota la dividimos en varias partes.
Esta es la introducción, después publicaremos la voz de los vecinos y, en otra nota aparte, un reportaje al abogado que está representando a los vecinos.
También vamos a abordar el tema de la corrupción y de los “mensajeros del poder, tanto matancero como del estado nacional. Hay fotos y videos de estos personajes.