Por Prof. Joaquín G. Puebla
La salud pública, en La Matanza, está muy complicada pero, a su vez, el sistema privado de salud se encuentra en una situación tan crítica (o más) como la que atraviesa el sector público.
Las clínicas privadas del distrito que atiende a las principales obras sociales estatales, como PAMI o IOMA, se encuentran al borde del cierre. La falta de pago (en tiempo y forma), el bajo valor que pagan estas obras sociales por las prestaciones, la inmensa cantidad de afiliados de las mismas que acuden a hacerse atender, el descontrolado aumento de los medicamentos y suministros médicos; en fin, muchas causas que están, literalmente, estrangulando a las clínicas privadas que a tienden a PAMI o IOMA.
La situación más compleja la están sufriendo aquellas clínicas que atiende a los abuelos afiliados al PAMI. La obra social más grande del país está ocasionando graves perjuicios económicos a los prestadores de la misma.
PAMI paga por cápita, es decir, paga una suma fija por cada afiliado que se atiende en la clínica privada. Es la misma obra social quién establece y fija el monto y la cantidad de afiliados a las clínicas.
La cápita que paga PAMI es ridícula, son valores claramente insuficientes; abonan un poco más de $900 por cápita y, sin ir más lejos, cualquier consulta médica se paga entre $1500 a $3000. Con $900 PAMI pretende cubrir atención médica, internación, estudios de alta complejidad y análisis médicos (un análisis simple de sangre y orina ronda, en cualquier laboratorio, entre los $2500 a $8000).
Es imposible atender a un paciente internado con los valores que paga PAMI. PAMI le paga entre $100 a $150 a un médico por atender a un afiliado a la misma. Los afiliados de PAMI reciben la atención que PAMI paga.
Esta situación no es de ahora, viene desde hace muchos años y cada gobierno nombra al frente de la obra social más grande del país a personas que desconoce la situación y con un compromiso político muy fuerte con quién los nombró. Por esta situación la plata que recauda PAMI nunca llega a los jubilados porque suele utilizarse para realizar parches a las cuentas públicas.
No estamos hablando del macrismo ni del kirchnerismo, no es una cuestión ideológica porque todos han utilizado los recursos del PAMI para tapar su déficit fiscal; parece que a nadie le importa la salud de los jubilados y, aún menos, la enorme cantidad de trabajadores que trabajan en las clínicas que son prestadores del PAMI.
En La Matanza hay varias clínicas que atienden exclusivamente a los afiliados de PAMI y, casi todas, están al borde de la ruina. Estamos hablando de más de 90 mil afiliados al PAMI en el distrito, con más de 2000 trabajadores.
La cosa no mejora sino que empeora porque PAMI central o sus UGLs no tienen relación directa con sus prestadores, todo debe hacerse a través de medios informáticos; esto implica que nadie explica nada a los prestadores, no se aceptan reclamos por facturación o multas. PAMI suele descontarle a sus prestadores importantes sumas de dinero (hablamos de millones de pesos) sin explicar nada y, los prestadores, no tienen ninguna vía para que le expliquen la situación.
“El combo formado la megainflación de los últimos cuatro años, las paritarias, el aumento exponencial de los insumos dolarizados y el enorme desfasaje con lo que reconocen las mutuales, los saltos del dólar y los tarifazos, casi nos dan el golpe de gracia” me comentaba uno de los directores de una de las clínicas que realiza entre 14 mil y 20 mil prestaciones al mes.
Nadie hace nada, nadie dice nada; las clínicas son rehenes del PAMI porque no pueden dejar de ser prestadores porque la obra social avanza judicialmente y los acusa de abandono de persona.
Esta no es una cuestión de “grandes negocios” porque los prestadores no hacen negocios, “los grandes negociados” los hacen los funcionarios públicos nombrados al frente de las obras sociales más grandes del país.