Por Prof. Joaquín G. Puebla
“La corrupción política se refiere a los actos delitos cometidos por funcionarios y autoridades públicas que abusan de su poder e influencia al hacer un mal uso intencional de los recursos financieros y humanos a los que tienen acceso, anticipando sus intereses personales y/o los de sus allegados, para conseguir una ventaja ilegítima generalmente de forma secreta y privada”
Supongo que más de uno, al leer el título de la nota, se dirá: “Que pedazo de HdP”. Algunos pensaran en Fernando Espinoza (nuestro Intendente matancero) y, varios, pensaran en mí por escribir semejante título.
Pensé mucho en cómo escribir está nota porque, si bien parece le pego a Espinoza, en realidad quiero reflejar la inacción de un sistema político que no reacciona ante la verdadera oleada de inseguridad que estamos sufriendo.
Fernando Espinoza, en este caso, no es el responsable directo de está situación ni tampoco, lo que voy a detallar más adelante, es un hecho de corrupción como todos nos imaginamos.
Estoy hablando de la política de seguridad o, mejor dicho, la falta de una política de seguridad.
“No todas las malas costumbres de las personas son el resultado de serios defectos de carácter; las circunstancias y la tentación son elementos muy importantes al hablar de corrupciones” escribió, por ahí, un afamado escritor inglés. Está frase, leída hace muchos años, me llevó a reflexionar mucho y, en algunas circunstancias (muy específicas y puntuales) trato de utilizarla en algunos análisis políticos que hago.
“NUESTRO COMPROMISO ES CUIDAR AL PUEBLO MATANCERO”
Fernando Espinoza, hace unos días, se recibió a Sergio Berni, Ministro de Seguridad de la provincia. Espinoza sostuvo que “Con políticas públicas y con una fuerte inversión en cámaras de seguridad y toda la tecnología enfocada en la educación e igualdad de oportunidades estamos combatiendo la inseguridad. Nuestras vecinas y vecinos merecen vivir tranquilos y vamos a seguir trabajando en educación y ampliación de derechos para lograr que esto suceda. La Matanza en estos últimos cuatro años fue abandonada por el macrividalismo en materia de seguridad, sacándonos una gran parte de los efectivos de seguridad que teníamos. Vamos a seguir trabajando todos juntos para recuperar la seguridad que nuestros vecinos se merecen y para que vuelva a La Matanza la Gendarmería Nacional que nos quitaron en 2015”
(https://www.facebook.com/FerEspinozaOK/videos/890628814718345/).
Se habló mucho y, como siempre, también se prometió mucho. Pero hay cuestiones que se escapan y me cuesta tomarlas en serio porque Berni designó, después de un par de meses de gestión, el nombre del titular de la policía “bonaerense”. Según él anduvo estudiando los expedientes de varios candidatos pero, finalmente, designó al Crio. Gral. Daniel Alberto García, quién (según fuentes muy bien informadas sobre los avatares de la interna de “La Bonaerense”) habría sido “unos de los puntales sobre la investigación relacionada con la banda de Pitufos que secuestraban a narcotraficantes”.
Ese escándalo se llevó puesto al ex secretario de protección ciudadana, Dr. Carlos Orsingher (https://www.perfil.com/noticias/politica/renuncio-el-secretario-de-seguridad-de-la-matanza-sospechado-de-corrupcion.phtml), al Jefe Departamental, Crio. Enrique Sobrero y varios policías más. Dicha investigación fue un “armado político, muy mal manejado, que tenía con fin desprestigiar y enlodar la figura de Fernando Espinoza”.
El tiempo dio la razón y antes de comenzar el juicio oral, Mario Puñales, el denominado “Pastor Justiciero”, fue dejado en libertad por el tribunal por no estar involucrado en la causa que se iba a debatir (https://semanarioquintopoder.com/?p=23128). Esto demostró el “armado de la causa” por el Dr. Sebastián Basso, Fiscal Federal a cargo de la Fiscalía Criminal y Correccional N° 3 de Morón.
“Parece que también las ambiciones de Basso se vieron colmadas porque el Procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, lo designó en la fiscalía especial que investiga el atentado contra la AMIA y ocupará el cargo del fallecido Alberto Nisman” señalamos por aquellos días.
DESCONTROL Y DESORGANIZACIÓN DEL COM MATANCERO
El pasado 02 de Febrero de 2018, Verónica Magario supervisó las pruebas de funcionamiento del nuevo Centro de Operaciones de La Matanza (https://www.lamatanza.gov.ar/noticias/186/veronica-magario-superviso-las-pruebas-de-funcionamiento-del-nuevo-centro-de-operaciones-de-la-matanza) y el municipio informó que “Se trata de gran centro de comando, control, comunicaciones y cómputos desde donde se gestionarán y ordenarán la resolución de las emergencias o crisis en todo el municipio, en forma centralizada. Su objetivo es coordinar un sistema de respuestas a las emergencias con la integración de las diferentes áreas de asistencia. Es decir, desde este Centro de Operaciones se darán las instrucciones para las ambulancias de la Secretaría de Salud, la asistencia de los cuerpos bomberos y de Defensa Civil y se estará en comunicación directa e inmediata con los cuerpos policiales. Todos estos organismos contarán con efectivos en operaciones desde el COM”.
Al frente de esto estaba (y sigue estando) Vega Daniel (CRIO. MAYOR RETIRADO DE INVESTIGACIONES) y su nombre fue sugerido por el Comisario General (r) Carlos Greco, Asesor Estrella de la inseguridad matancera.
Hace unos días recibí varias denuncias (de fuentes “anónimas”) que describían “graves anomalías” que suceden, cotidianamente, en el COM. Algunas de esas denuncias son de orden operativo y, otras, el desperdicio o mal uso de los recursos municipales.
Al día de hoy el Centro de Operaciones de La Matanza, se podría decir, que cumple una “función forense” dado que al no estar enlazado con la policía bonaerense toda acción preventiva es inexistente y, aún menos, de acción directa que lleve o guíe a la policía para intervenir en un hecho delictivo en tiempo real.
Cuando hablo de “función forense” me refiero a que solamente presenta imágenes captadas por las cámaras de seguridad, ante el requerimiento (por escrito) de la justicia.
Daniel Vega dispuso que la policía, que debía ser enlace entre la justicia y el COM, sea reemplazado por un empleado municipal. Esto atenta contra la legitimidad del proceso judicial dado que dichas pruebas pueden ser declaradas, en un juicio, nulas por haberse roto la cadena de resguardo de pruebas según la normativa vigente.
Imaginemos un asesinato que fue captado por las cámaras de seguridad y grabadas en el COM y, ante el requerimiento de la justicia, dichas imágenes puedan guiar a la captura del culpable. Al ser entregados por un empleado municipal sin el respaldo de la policía, dicha prueba irrebatible puede llegar a no ser tenida en cuenta porque viola la normativa vigente respecto al resguardo de pruebas.
Gracias a Vega los policías que están destinados al COM, solo van a calentar una silla porque no pueden cumplir ninguna función, más allá de que estén en dicho lugar, para enlace radial, para intervenir ante un delito que se esté cometiendo en tiempo real. Por decisión de Vega no hay un solo registro de intervención.
Daniel Vega con estas y otras medidas tomadas, desautorizó a los policías destinados al COM porque estos pedían que los empleados municipales cumplan con su función, es decir, que miren las pantallas conectadas a las cámaras de seguridad.
Daniel Vega no da el ejemplo al no cumplir el horario estipulado porque él va, solamente, de “10 a 15 horas” y, ente esto, los trabajadores municipales tampoco cumplen con si horario ni función. Vega, también, maneja “para su uso personal y discrecional” los recursos del municipio porque dispone que la camioneta 4×4 (que el municipio se la entregó para cumplir con las funciones relacionadas con el COM) vaya el mercado central “para comprar alimentos para sus mascotas”.
La Municipalidad de La Matanza ha realizado una importante inversión en materiales técnicos en el COM, con cámaras instaladas de primer nivel pero el desarrollo informático del mismo “está bastante mal y el mantenimiento desatendido”. El técnico a cargo de esto es el “mejor pago” del municipio pero, a su vez, “es el que menos trabaja” y, generalmente, cuando trabaja “lo hace en forma remota desde su domicilio en el partido vecino de Morón.
Según las condiciones técnicas deberían estar funcionando “1200 cámaras instaladas” (esto es lo que figura en los papeles) pero, en realidad, solo hay “instaladas 398 cámaras” de las cuales, “191 son operativas” (que funcionan), 155 no están operativas (no funcionan) y 50 no están registradas en el sistema porque el encargado del área técnica no las cargó en el sistema”.
Se entregaron “56 dispositivo PREMA (Prevención Mujeres Agredidas) y 156 alarmas vecinales” pero “se desconoce la efectividad de los mismos dado que cada uno que activa estos dispositivos deber comunicarse con el COM. No hay registros de las intervenciones policiales relacionadas con estos dispositivos”.
Es innegable que hay una decidía total por parte de Daniel Vega (funcionario a cargo del área) y un muy mal uso de los recursos municipales. No se puede negar una “irresponsabilidad enorme” (por no utilizar otros adjetivos) por parte del ejecutivo municipal al no controlar el funcionamiento del COM.
Es muy lamentable esta situación pero no me extraña porque, si bien, el CON fue utilizado infinidad de veces para campañas políticas y de prensa, el ejecutivo municipal tiene la mala costumbre de no controlar las diferentes áreas que hacen a la gestión municipal.
Estás incongruencias no son menores porque la buena utilización de un sistema integrado de cámaras de seguridad con la policía no solo se puede coordinar acciones, en tiempo real, para detener delincuentes sino que sirve como una herramienta preventiva.
INSEGURIDAD E INCONGRUENCIA: LA FORMULA DEL DESASTRE
Como hablar de algunos temas que resultan inexplicables e increíbles. No puede ser que los policías se encierren, de noche, en las comisarías por miedo a que los roben.
No es joda, es cierto. A modo de ejemplo voy a mencionar lo que sucede en la Comisaría Distrital 2° Este – Altos de Laferrere, ubicada en Jorge Newbery 2097 y Tres Cruces.
Varios vecinos se comunicaron con nuestra redacción y, ante las cosas que nos contaron, decidimos comprobar el tema. Suena surrealista pero es verdad.
Sucede que a metros de la comisaria vive un conocido delincuente que le dieron “prisión domiciliaria” por buena conducta. Al “muchacho” lo conocen todos en la zona y, desde que salió de la prisión se dedica a “chorear por el barrio”. Los vecinos, víctimas de este delincuente, fueron varias veces a la comisaria mencionada pero lo hicieron de noche. Intentaron abrir la puerta y estaba cerrada, golpearon la misma durante bastante tiempo y tampoco hubo respuesta. Llamaron por teléfono reiteradas veces y nadie atendió el mismo. Llamaron al 911 y todavía están esperando que los atiendan.
Un periodista de nuestro medio se acercó a la misma y comprobó el relato de los vecinos porque le ocurrió lo mismo: nadie lo atendió. Hace unos días pude hablar con un “vigi” (solicitó la reserva de su nombre y rango) y me comentó que “tenemos la orden de cerrar y no atender a nadie para, según la superioridad, evitar que roben la dependencia” y agregó que “Es más bien una excusa para dejar que ‘trabajen’ algunos amigos de la superioridad”.
En una noche robaron tres casas. En la plaza, que está frente a la misma comisaria, el “amigo de la superioridad” les robó sus efectos personales y herramientas a los cooperativistas que estaban arreglando la misma.
Sin hilar muy finito hay evidencias contundentes sobre la inseguridad en el distrito y la cosa viene bien de arriba.
El Comando de Patrullas Comunitarias (CPC) de La Matanza, en los papeles, debería tener más de 150 patrulleros para recorrer las cuadrículas pre establecidas, pero la realidad es otra.
El CPC Norte tiene (en los papeles) 64 móviles policiales para salir de recorrida pero, en promedio, solo puede sacar a la calle 8 o 10 móviles.
El CPC Centro tiene (en los papeles) 33 móviles policiales para salir de recorrida pero, en promedio, solo puede sacar a la calle 8 móviles.
El CPC Sur tiene (en los papeles) 56 móviles policiales para salir de recorrida pero, en promedio, solo puede sacar a la calle 8 móviles.
No es joda, los números están chequeados por fuentes policiales fidedignas y estás filtraciones no están basadas en cuestiones personales o para ensuciar a algún efectivo personal; la cuestión es muy simple: los mismos policías están saturados y cansados de esta situación.
Las incongruencias no terminan ahí (podemos seguir escribiendo páginas y páginas sobre el tema). En plena crisis por el Coronavirus, Arturo Álvarez salió en la TV casualmente, volviendo de un viaje al exterior y, en época de coronavirus y en función del cargo que ocupa, debería haber hecho lo que no hizo, es decir, no cumplió con la cuarentena obligatoria.
¿Quién es Álvarez? En Crio. Inspector (r) y tiene a su cargo la Guardia Urbana, que son los móviles negros que solemos ver por San Justo y alguno que otro móvil perdido por otras ciudades del distrito. Obviamente su nombre fue sugerido por el Comisario General (r) Carlos Greco, Asesor Estrella de la inseguridad matancera. Uno suma una más uno pero, en La Matanza, da 28, más o menos.
Nuestro distrito sufre hoy, una enorme crisis de seguridad. Los hechos delictuales se suceden día a día en una cantidad alarmante y, lo más triste, sigue en aumento. Si nos ponemos a realizar un mapa del delito en La Matanza, nos vamos a encontrar que el delito creció en todas las localidades matanceras y, esto, no es casual sino que es causal porque nadie controla a la policía. El estado, en todos sus estamentos, está ausente en lo referido a la seguridad pública. La justicia, siempre adicta al poder de turno, igualmente pone su granito de arena al habilitar “la puerta giratoria” para los delincuentes.
Mientras tanto, día a día, el delito es noticia en La Matanza y, lamentablemente, esas noticias son muertes de vecinos.
Me parece que es tiempo que la política, la policía y la justicia se hagan cargo y den la cara porque hay muchos muertos detrás de este negocio.