Por M.L.
El 10 de diciembre Verónica Magario asumirá como Intendente de La Matanza, será la primera mujer que ostentara el cargo de jefe comunal en la historia del distrito. Ese día también presentará su gabinete municipal y hay fuertes y constantes versiones que en dicho gabinete estará a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana un viejo conocido, Carlos Antonio Greco, ex Jefe departamental del distrito.
En los últimos días Greco (a) “El Petiso” (conocido en la jerga policial bonaerense) volvió a ser noticia.
La Policía de la provincia de Buenos Aires es presa de salvajes internas oscuras y sangrientas. Nada nuevo, nada que no se haya contado. Pero la causa Bergara se destaca porque no es común que en un sólo caso se presente con claridad todo lo que se esconde detrás de una causa armada.
Esta historia tiene como protagonista al juez federal de Quilmes Luis Armella, dos capitanes y dos comisarios, entre ellos Carlos Antonio Greco.
Greco se desempeñaba como jefe de la superintendencia Zona Oeste pero terminó su carrera por la puerta de atrás. Tras un informe de investigación realizado por el programa Periodismo Para Todos (PPT), conducido por Jorge Lanata (El Trece), titulado “PATRULLERO SE ALQUILA”, el ministro de Seguridad bonaerense Alejandro Granados lo jubiló de manera anticipada.
ESPANTACHORROS
En plena emergencia de seguridad, decretada por el gobernador bonaerense Daniel Scioli (220/14), y ante el reclamo vecinal por la evidente ausencia de móviles en las calles, el informe de PPT reveló que se alquilaban patrulleros de la Bonaerense a empresas particulares como si fuera una servicio de seguridad privada.
Sí, las comisarias alquilaban los móviles que no funcionaban para que sean utilizados para prevenir el delito. Patrulleros, camionetas y motocicletas de la Fuerza actuaban como “espantapájaros” ya que no contaban con personal afectado.
Para PPT, el periodista Rodrigo Alegre le preguntó a Greco —en ese momento superintendente de la Zona Conurbano Oeste— por el móvil 49.868 de la Comisaría Distrital Noroeste 2ª de Ramos Mejía que estaba estacionado hacía varios meses en el playón de la estación de Servicio ubicada en Ardoino y Carlos Calvo, en la localidad de Ramos Mejía, frente a la Región Municipal Descentralizada Noroeste.
“Tiene el motor roto”, se excusó rápidamente Greco y, agregó que “Y a partir de ahí, para no… eh, tenerlo en la puerta de la dependencia es que… se lo… eh… estaciona en lugares donde eh…. van a… van a estar a la espera de sufrir las inspecciones correspondientes. Hay que resguardar el vehículo. Puntualmente en este caso, en este lugar nos han cedido el espacio para… que pueda ser estacionado el vehículo y permanezca allí”.
Claro, Greco no sabía que había declarado antes el dueño de la estación de servicio. Además, en Medrano y avenida Rivadavia, en otra estación de servicio, la escena se repetía.
“Carlos Greco nos decía que también lo tienen en la estación de servicio el patrullero porque a veces le molesta a la gente cuando va a hacer las denuncias (que este) en la puerta de la comisaria. Es decir, cuando llegan no tienen donde dejar el auto”, agregó Alegre en el piso.
“Sáquenlos de la Policía. Están alquilando los patrulleros”, reclamó Lanata al terminó del informe.
La repercusión del informe tuvo su respuesta. A través de un comunicado, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires informó el inició de una investigación, con intervención de la Auditoria de Asuntos Internos, para determinar “las responsabilidades de dichas irregularidades”. Alejandro Granados instruyó al jefe de la Bonaerense Hugo Matzkin que disponga el pase a retiro del comisario general Carlos Antonio Greco. La responsabilidad institucional de la zona oeste quedó bajo la lupa y además del responsable de la Zona Conurbano Oeste, apartaron a 6 comisarios.
UN EXPEDIENTE QUE QUEMA
Pero el expediente que quema en el Ministerio de Seguridad tiene número: 3770/13. Tramita en el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata e involucra a un juez, dos capitanes y dos comisarios, entre ellos Carlos Antonio Greco.
La causa es por el presunto secuestro extorsivo a un empresario de Ranelagh, Partido de Berazategui, llamado Leonardo Bergara. Esta causa, señalan, está en condiciones de provocarle un dolor de cabeza a más de uno y revelaría los detalles de una disputa entre policías del área de Investigaciones con los de Seguridad.
Allí se podrían encontrar vestigios de la vinculación entre las jefaturas policiales, la trama de los secuestros, el tráfico de efedrina y pruebas plantadas. Ese entramado pone en vilo a quienes en el 2008 estaban al frente de la Dirección de Investigaciones de Quilmes (DDI) y al único juez federal que Quilmes, Luis Armella.
CASO BERGARA
La historia se remonta al 22 de diciembre de 2008. El empresario berazateguense Leonardo Bergara fue secuestrado, junto a su mujer, en la zona de Ranelagh, cuando circulaban en su camioneta. Enseguida liberaron a la mujer y abandonaron la camioneta pero el empresario fue liberado 33 días más tarde luego de que su familia asegurara haber pagado el rescate. El monto, según trascendió, fue de 179 mil dólares y 107 mil pesos, un valor lejano al monto original solicitado: 500 mil dólares. El dinero habría sido entregado por el hermano de Bergara en un parador de Pinamar de difícil acceso.
Las primeras dudas surgieron cuando Bergara apareció. El empresario no tenía los signos de una persona en cautiverio durante 33 días. Esto generó un mundo interrogantes y puso la mira en otros blancos, entre ellos: un secuestro extorsivo. Si bien la descripción de los expertos no alcanzó para poner en duda el secuestro, sí sembró la sensación de que la historia policial era demasiado extraña.
Además, según declaró Bergara a la Justicia, le pareció que sus captores eran policías. A la vez, se sospechaba que todo se trataba de un vuelto de ciertos socios de la policía y la política bonaerense.
También se denunció que, en el marco del expediente judicial, funcionarios oficiales aprovecharon la confusión para ensuciar a perejiles que nada tenían que ver con el secuestro de Bergara y sacarlos del medio en otros casos que comprometían al gobierno kirchnerista. Tal es el caso de Juan Vicente Cardozo y Víctor Ariel Vega, quienes estaban investigando a un personaje clave en el marco del triple crimen de General Rodríguez y fueron acusados de tener participación en el hecho de marras.
El caso atrapó a la opinión pública y provocó cambios en la cúpula policial quilmeña. El caso, declarado como el rapto más sospechoso de los últimos años, es señalado como una “causa armada” y hasta se habló de escribir guión para llevarlo a la pantalla grande.
Cuando el gobernador bonaerense Daniel Scioli se refirió al secuestro de Bergara, sentenció “Queremos que los responsables del hecho estén donde tiene que estar. Los quiero a todos presos”. Pero siete años después, y a días de terminar su segundo mandato, no hay detenidos por la causa.
ENTRAMADO DE COMPLICIDADES POLICIALES
En septiembre del año pasado el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de La Plata absolvió a cinco acusados del secuestro extorsivo y ordenó investigar al juez instructor de la causa y a cuatro policías por “la presunta comisión de delitos de acción pública”. Para el tribunal, lo único que estaba probado era que las autoridades a cargo de la investigación habían direccionado y armado el expediente a su antojo.
Ordenó extraer copias del expediente y las filmaciones de videos para que se determine si hubo ilícitos en el accionar del juez Luis Armella, al por entonces superintendente de Seguridad de Zona Oeste, comisario Mayor Carlos Alberto Greco, y a otros tres comisarios de la DDI de Quilmes que encabezaron las investigaciones sobre el rapto.
De las audiencias se desprendieron supuestas evidencias que dejan vislumbrar lo que podría ser un entramado de complicidades policiales. Sin embargo, poco se avanzó en el sumario abierto en Asuntos Internos de la Bonaerense y se cree que por eso Grecco logró ascender a comisario general y seguir en la fuerza hasta que el informe de PPT lo dejo fuera de carrera.
La Procuraduría de la Violencia Institucional (Procuvin) pidió que se cite a declaración indagatoria al juez federal Luis Armella por haber supuestamente armado una causa contra cinco personas acusadas de un secuestro extorsivo que no cometieron y ordenaron investigar los jefes de la DDI de Quilmes cuando ocurrió el secuestro extorsivo, principalmente al comisario Carlos Antonio Greco.
En su dictamen, Procuvin consideró que los acusados cometieron deliberadamente “innumerables irregularidades” y que los funcionarios bonaerenses habrían incurrido en los delitos de privación ilegítima de la libertad por abuso de funciones, prevaricato y falta de persecución de la acción, en el marco de un posible incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Según estableció, es posible que “se hayan perpetrado un cúmulo de delitos por parte de funcionarios públicos quienes, aprovechándose de su condición de tales, victimizaron a personas utilizando los resortes y herramientas que permiten y habilitan la tramitación de una investigación penal”.
El juez Armella presentó una denuncia contra el fiscal a cargo Miguel Palazzani y el coordinador del Área de Violencia Institucional de la Procuvin Maximiliano Medina, pero fue desestimada.
UN JUEZ CONOCIDO
Sobre Armella recae un pedido de juicio político en el Consejo de la Magistratura por su actuación en la causa de la limpieza del Riachuelo. La Corte Suprema le encomendó ejecutar la sentencia del saneamiento del Riachuelo, pero durante la ejecución el diario Página/12 reveló 
“mecanismos para favorecer a empresas vinculadas a su esposa y su suegro y una red de sociedades vinculadas”. Armella fue separado por la Corte y denunciado el Consejo de la Magistratura. Ahora afronta un juicio político.