El día 30 de julio ingresó en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires el proyecto D-2276/20-21-0. El mismo fue redactado por la Asociación CULTIVEMOS de la Matanza (https://www.facebook.com/Cultivemos.ong/)
e impulsado por la Diputada Provincial María Laura Ramírez, entendiendo la problemática y la necesidad de lograr una regulación integral en materia de usos terapéuticos de la planta de cannabis.
El proyecto busca establecer un nuevo marco de regulación respecto a la temática en la Provincia de Buenos Aires, derogando la Ley 14.924 de adhesión a la Ley Nacional 27.350.
De esta forma, se autorizaría a sembrar, cultivar, transportar, almacenar y producir cannabis y sus derivados con fines medicinales al Poder Ejecutivo, a organismos de ciencia y tecnología, a laboratorios, a universidades, a centros de investigación, a personas jurídicas sin fines de lucro y a personas humanas, sus tutores, curadores, representantes legales o referentes afectivos.
Se expedirían registros habilitantes temporarios y renovables para la siembra, el cultivo, el almacenamiento, el transporte y/o la producción de cannabis y sus derivados con fines terapéuticos.
También se crearían los registros habilitantes estableciendo las cantidades de acuerdo a los objetivos y características de los autorizados. Se garantizará la confidencialidad de la información.
Además, se garantizará la provisión de semillas y plantas de cannabis y sus derivados, como así también la provisión de todo insumo necesario para la producción del cannabis.
Se desarrollarían convenios con diferentes organismos del estado, brindando capacitación y asesoramiento gratuito a personas, organizaciones y profesionales de la salud y de investigación.
Se crearían un Banco de Semillas y un Banco de Cepas, y se proveería de manera gratuita las semillas a personas jurídicas sin fines lucro y personas humanas, autorizadas a la siembra de cannabis.
Se crearía el módulo mínimo de capacitación obligatoria para todos los empleados públicos de los tres poderes, así como también del ámbito privado que brinden servicios de salud y educación respecto del Cannabis en el contexto del nuevo paradigma. Con este marco regulatorio damos fin a una controversia que lleva casi 30 años.