por Prof. Joaquín G. Puebla
Según la constitución provincial la seguridad pública debe garantizarla el gobierno provincial pero, hacia el 2000/1 ante la ola de secuestros y el clima de inseguridad reinante en el conurbano, los Intendentes solicitación tener injerencia en el diseño de la política de seguridad. Por esos años se crearon los primeros foros de seguridad y la mayoría de los municipios comenzaron a cobrar el 1% de las Tasas generales (ABL) para seguridad (combustibles para patrulleros). Ese fondo fue creciendo y comenzaron a comprar móviles policiales. Hacia el 2003 los intendentes crearon dependencias dedicadas a la seguridad: direcciones, secretarias, etc. La Matanza fue de las primeras en crear la Secretaria de Protección Ciudadana (años antes, siendo Alberto balestrini Intendente municipal, se creo la Dirección, precursora de la Secretaria) con un importante presupuesto. Esta repartición municipal coordinaba operativos, planificaba acciones, etc.
Hasta el año pasado se realizaba esa coordinación y que nuestra Intendente, Verónica Magario, decidió cortar toda relación con el gobierno nacional y provincial y los hizo “POR RAZONES POLÍTICAS“. Sin apoyo de los gobiernos nacional y provincial se podría víctimizar y declararse perseguida política.
No es casual que los colectiveros marchen a la plaza de San Justo, lo hicieron porque desde hace mucho tiempo el municipio le ha prometido, dos o tres veces, la instalación de botones antipánicos, cabinas blindadas para los choferes, seguimientos de los colectivos (en las zonas de más alta inseguridad) por móviles policiales, etc. No es casual que señalen a Magario & Cía, porque tanto Fernando Espinoza como Verónica Magario prometieron y no cumplieron y ahora se hacen los distraídos y se declaran víctimas, cuando en realidad, tienen una enorme responsabilidad sobre la inseguridad en La Matanza.