La reubicación de Edith Viani no deja de sorprender a propios y extraños. Un escalón más arriba aparece la Secretaría de Planeamiento Urbano, creada el 19 de marzo de 2012, que se encuentra a cargo del arquitecto Guillermo Cañonero, quien cumple funciones en el segundo piso de la Avenida Presidente Perón 3064, en la localidad de San Justo. Viani y Cañonero tienen una relación personal muy estrecha, y un sólido proyecto profesional en el control de las obras en el distrito de La Matanza.
Las denuncias de los vecinos de Ramos Mejía por la construcción ilegal de edificios y las eternas trabas que sufren los profesionales a la hora de presentar planos de obra, dejan en evidencia un sistema que no tiene controles, y facilita la arbitrariedad de los funcionarios municipales. Las oficinas relacionadas con la habilitación de obras y los anticuerpos naturales del municipio, como la Oficina Anticorrupción y Asesoría Letrada, se involucran en verdaderos entuertos a la hora de corregir errores pasados y poner orden en la función pública. El mayor de los desafíos fue la falta de control del boom de la construcción, un verdadero escándalo urbanístico que reinó en La Matanza en los últimos veinte años. En ese tiempo, se puso de moda entre los capitalistas, hacer dinero fácil con la compra de propiedades típicas de Ramos Mejía, demolerlas y construir en su lugar, edificios con infinidad de oficinas, que luego, ilegalmente, serían vendidas como si se tratara de departamentos. La maniobra de muchos profesionales e inversores necesitó de la complicidad de funcionarios y de concejales que por medio de la excepción, permitieran, en muchos casos, la construcción indiscriminada, y el perjuicio para infinidad de vecinos acostumbrados a vivir en barrios residenciales. En este esquema, la pareja Viani-Cañonero, de acuerdo a ex empleados y profesionales del área, conforman un tándem perfecto que asegura el statu quo, garantizando la impunidad de aquellos que hicieron la vista gorda o que fueron cómplices de los constructores ilegales, y garantizando la aprobación de obras emblemáticas.
RAMOS: LA SUMA DE TODAS LOS MIEDOS
Edith Beatriz Viani, es una arquitecta que vive en la zona de Gregorio de Laferrere. Fue coordinadora en el Departamento de Aprobación de Planos, asumiendo su función en reemplazo del cuestionado Walter Ariel Fernández (Legajo de empleado N° 25.130), director de Fiscalización de Obras y Regulación Catastral cuando se derrumbó una construcción ubicada en la calle Carlos Calvo 186 de la ciudad de Ramos Mejía, en octubre de 2009.
Corrido Walter Fernández de su rol, la gente de la localidad suponía un cambio en la política de la construcción en Ramos Mejía. Sin embargo, una vez que se supo que en su lugar asumiría Edith Viani, garantizando la continuidad de la política de obras particulares, los vecinos y, a esta altura, militantes de la causa que persigue un crecimiento sustentable de las ciudades, siguieron con las denuncias y los escraches en el palacio municipal. Reclamos que no cesaron a pesar del cambio de domicilio de la oficina cuestionada, al quinto piso del nuevo edificio, ubicado en la calle Perú 2250, de la ciudad de San Justo.
Viani asumió una semana después de que Espinoza firmara los decretos 2139, 2140, 2141 y 2142/09 que reclamaban la demolición de los edificios de Alvarado 333 (construido por el arquitecto Claudio Viviani, quién luego lo dejó en manos del ingeniero Norberto García), Vicente López 146 (arquitecto Gustavo Mercader Cabrera), Saavedra 253 (arquitecto Antonio Blasi y Cristina Torres) y Corrientes 90 (MMO Carlos Casemajor). Pero cuatro años y tres meses después no todos cumplieron con la intimación. Es más, algunos siguieron trabajando, y por supuesto, no se conocieron los nombres de los inspectores o funcionarios responsables que permitieron semejantes trabajos sin que una sola denuncia institucional llegara a la Dirección de Fiscalización de Obras y Regulación Catastral.
Dato curioso. El 21 de junio de 2012 por medio de la información Nº 174, Fernando Espinoza anunció que la construcción ubicada en Vicente López 146, de la ciudad de Ramos Mejía, era una “obra ilegal paralizada”. Sin embargo, la construcción, que apareció dos veces en el segmento “¡Proteste Ya!” del programa televisivo CQC, continuó avanzando varios meses más, para luego ser habitada a pesar de las intimaciones del propio jefe comunal. Es más, la obra fue “sentenciada” en el 2010 con el decreto 19/10. La construcción si bien no fue terminada por completo, sigue en pie, a pesar de las intimaciones del jefe comunal y la definición de “obra ilegal”, según sentenció Espinoza a través de la gacetilla de prensa municipal.
DENUNCIAS POR DOQUIER
Pueyrredón 2701, ¿Una bomba de tiempo?: El edificio ubicado en la intersección de la calle Pueyrredón y Avenida Mosconi, en la localidad de Lomas del Mirador, fue blanco de cientos de denuncias que incluso acapararon el interés de varios medios nacionales. El Cartel de Obra Reglamentario anunciaba cuatro pisos. Pero un buen día ese cartel desapareció y la construcción sumó dos pisos por encima de lo permitido. Además, el edificio ocupó el ciento por ciento del Factor Ocupacional del Suelo cuando “los valores del F.O.S. no podrían superar a 0,6, según establece el artículo 46° del Decreto-Ley 8192/77”, pero la historia siguió “sin preocupar a las autoridades”, explican los vecinos, a pesar de las permanentes denuncias. Pero lo peor, es que en el lugar, previo a la construcción del edificio, funcionaba una estación de servicio. Quizá la prisa o el afán de ahorro de los inversores, hicieron que a la hora de construir no se retiraran los tanques de combustibles enterrados debajo de la estación, ni que, como es costumbre en estos casos, sean rellenados con arena. De acuerdo a los profesionales consultados por Quinto Poder, el riesgo de explosión por acumulación de gases es extremadamente alto, como también existe la posibilidad de una implosión por el vacío o por la degradación del material de los tanques.
Sarmiento 61: La obra en construcción ubicada en la calle Sarmiento de la localidad de Ramos Mejía, fue clausurada por la Dirección de Fiscalización de Obras y Regulación Catastral hace más de cuatro años y medio y recomenzó sus trabajos recién hace unos meses. Sin embargo, lo construido irregularmente por el arquitecto Casiano Ramón Domínguez aún no fue demolido. La obra avanza, y al mismo tiempo, la indignación de los vecinos cuando se hizo público que la hija del profesional responsable, María Carolina Domínguez, ingresó como empleada del Municipio de La Matanza (Legajo N° 27.910).
Palacios 108 (esquina Bartolomé Mitre 703). Alicia García reside en la esquina de Palacios y Mitre, en Ramos Mejía. Poco tiempo después de comprar su propiedad (2007), descubrió que según los planos oficiales, “vive en una de las cocheras” del edificio. Aunque parezca increíble, con cierta complicidad de algún área municipal, los responsables de la Constructora SANDS POINTE S.R.L., que llevaron a cabo la obra, transformaron las cocheras en departamentos, con el objetivo de ganar más dinero, vendiendo hasta los espacios más insólitos. Luego de seis años de constantes denuncias, García hizo una presentación formal en la Unidad Fiscal (UFI) Nro 8, a cargo de Alejandra Nuñez, (9312/13), que finalmente pasó a manos de la UFI N° 3 con el número 27152/2013. Según explicó la damnificada, las denuncias “son infernales”, pero ni siquiera consiguió “que la construcción tenga el cartel de obra correspondiente”.
Casi como un dato anecdótico, García señala que la Constructora, sobre una parcela de 632,59 m² dejó libre 95,33 m², cuando por el decreto Ley 8912/77, correspondían dejar 253,03 m², una dimensión que bien puede pasar inadvertida para un ciudadano común, pero no debiera ser así, para los funcionarios municipales encargados de controlar las obras.
Quizá el hecho más serio que rodea a este caso, sea el robo del expediente que obligó Walter Ariel Fernández, antecesor de Viani, a llevar a cabo varias denuncias formales en la justicia. “¿Qué está esperando para clausurar la obra, cuando hay una denuncia penal en camino? Si usted sabe del robo del expediente”, arremetió García contra Viani, cansada de las dilaciones de la funcionaria.
La denuncia realizada por el antecesor de Viani (W. Fernández) sobre la desaparición de los expedientes 13.547/2007 y B-2047-1965 OP señala: “Que sin perjuicio de la intensa búsqueda que se ha efectuado en todas las dependencias municipales pertinentes, no ha sido hallado el expediente B-2047-1965 OP conforme surge de la documental que se acompaña con la presente y cuya búsqueda se ha iniciado en razón de ser requerido por medio de Oficio Judicial N° 908/08 por el Juzgado Correccional N° 2 del Departamento Judicial de La Matanza. Vengo en cumplimiento de mis funciones a formular expresa denuncia por la comisión de presuntos delitos de acción pública, tipificado en el art. 255 de CP.”
Tiempo antes García había solicitado en mesa de entradas (2337/2009), ver el “expediente y solicitó la correspondiente extracción de fotocopias”, pero le respondieron que los planos habían sido robados.
Por último, García sentenció que “todo es una gran estafa”, porque los planos que figuran en la ciudad de La Plata, no coincidirían de acuerdo a los datos que posee, con la documentación que observó en la municipalidad de La Matanza; “los planos son apócrifos”, denunció.
Alvarado 607. Silvia Pedro realizó su primera denuncia en el año 2005. El origen del conflicto fue una construcción ilegal ubicada frente a su domicilio. “El edificio no cumple con la altura que regula la Ley, ocupa el 85 % del terreno, cuando cómo máximo debería ocupar el 60%. De acuerdo a la Mensura de Subdivisión, se trata de 12 oficinas en un lote chico, sin embargo, los venden como departamentos”, explica Silvia Pedro. El caso llegó a Asesoría Letrada de la municipalidad, que le dio a Silvia, un dictamen favorable el 5 de febrero de 2009, sin embargo, sigue esperando la demolición de “todo lo ilegalmente construido”. Según Silvia Pedro, “desde que asumió Viani no hay forma de conseguir una reunión, por eso intenté hablaba con la doctora Nancy Mingarelli, coordinadora de la División Legales, pero tampoco obtuve respuestas”. En 2013 Silvia Pedro se presentó en la Oficina de Ética Pública e hizo la denuncia correspondiente, a la espera de que “se haga justicia”.
Otro de los funcionarios mencionados por la vecina de Ramos es el arquitecto Guillermo Cañonero, encargado de la verificación de los usos del suelo y la zonificación, edificación y obras particulares. Sin embargo, Silvia Pedro asegura que fue a verlo varias veces y, según dijo, “sabe todo lo que se construyó mal en Ramos Mejía, le pedí que empiece a trabajar con dos obras, de las ilegales que tiene para ver, pero ya pasó un año y medio y no hizo nada”, concluyó.
Castelli 770. Laura Daneri es otra de las vecinas de Ramos Mejía, que se vio obligada a denunciar la obra en la oficina Anticorrupción y de Ética Pública. Más allá de las primeras irregularidades denunciadas por Daneri, mientras el cartel de obra puesto por los constructores, anunciaba la construcción de oficinas, poco después, aparecería un video promocionado por la inmobiliaria Arbitare, que difundía la venda de departamentos. Otra vecina de Ramos que había comprado uno de los departamentos, con vista al frente, luego de una fuerte pelea, consiguió una propiedad alternativa que se ajustaba a lo que había comprado, y no una oficina, en el frente del edificio como le ofrecían los ofertantes. En todos los casos, los vecinos que adquirieron las propiedades construidas en forma irregular, denunciaron que aún no obtuvieron las escrituras. Según se supo, el dictamen del titular de la Oficina Anticorrupción, Miguel Angel Bruno al respecto, haría mucho ruido, al menos en este último caso, sin embargo, decenas de damnificados esperan todavía con cierta cuota de esperanza que se normalice su situación y en definitiva se haga justicia.