Por Prof. Joaquín G. Puebla
El 12 de junio de 2012, el entonces intendente de La Matanza Fernando Espinoza, decretó la “intervención” del Centro de Medicina Física y Rehabilitación (CEMEFIR) que se encuentra en la calle Perú 2433, en la localidad de San Justo.
El decreto Nº 1365 resuelve: “Visto: que médicos y pacientes han solicitado la intervención de este Departamento Ejecutivo ante el irregular funcionamiento de dicha entidad”. En realidad Espinoza parte de una premisa falsa para establecer la intervención porque el “supuesto pedido” de los profesionales municipales que se desempeñan en dicho centro nunca existió siendo que el fondo de la cuestión era realmente otro.
Y acá tenemos que comenzar a hablar del Dr. Diego Héctor Viola quien fuera Presidente de la cooperadora del Cemefir y que, durante un tiempo bastante largo, actuó sin ningún tipo de control, manejando las finanzas de la institución en función de su beneficio personal.
Viola, miembro de una tradicional familia de San Justo, en el tercer piso de la institución había montado un “mesa de dinero” donde realizaba operaciones financieras un tanto oscuras. A partir de esta actividad comenzó a vender cheques del CEMEFIR a diestro y siniestro sin el respaldo económico debido. A su tiempo dichos cheques se fueron depositando y fueron rechazados por la entidad bancaria generando una enorme deuda a la institución. Los damnificados fueron importante comerciantes y empresarios de la zona de San Justo.
Un avispado José Alberto Crocramo comienza a comprar los cheques rechazados, los certifica y unifica la deuda; con esto en la mano logra hipotecar la propiedad de la institución e inicia acciones legales para la ejecución hipotecaria.
En marzo de 2012 el aún Presidente de la Cooperadora Centro de Medicina Física y Rehabilitación (CEMEFIR) de San Justo, Dr. Diego Héctor Viola, toma la inédita medida de cerrar las puertas de la institución (http://www.diariopopular.com.ar/notas/113343-inquietud-cemefir) reclamando auxilio financiero al municipio pero apenas se comienzan a analizar los libros contables se dan cuenta que están frente a una enorme estafa. Ante de que se tomé medida alguna el Dr. Diego Héctor Viola desaparece misteriosamente, saliendo de la escena y dejando a la institución a la deriva. Según fuentes judiciales Viola anduvo prófugo por Italia durante un par de años y habría vuelto al país, siendo visto por varias personas deambulando, tranquilamente, por los bares de San Justo.
El caso despertó el interés de la comunidad y obligó a los políticos a tomar medidas. Una de las primeras medidas fue iniciarle una acción penal al Dr. Diego Héctor Viola, pero esté se había rajado dejando el tendal. Pero la causa civil seguía su curso.
¿UN FALLO QUE FALLA?
En el Juzgado Civil y Comercial Nº 1 del Departamento Judicial La Matanza, a cargo de la Juez LAURA ELIZABETH MATO, se comienza a tramitar la causa: “CROCAMO ALBERTO JOSE c/ ASOCIACION COOPERADORA DEL CENTRO DE MEDICINA FISICA Y REHABILITA s/ EJECUCION HIPOTECARIA” – Expte. Nº LM-26327-2011.
Luego de la intervención a la entidad, decretada oportunamente por Espinoza, esté dispuso que los doctores Mario Cupelli (en un primer momento) y luego, Víctor Maida, se hicieran cargo de las cuestiones judiciales del caso para evitar la ejecución hipotecaria del edificio de la entidad.
Y ese es la cuestión de fondo: la propiedad donde funciona CEMEFIR. Está ubicada a 100 metros de la Plaza San Martín de San Justo, sobre la calle Perú y, según varios tasadores inmobiliarios consultados, dicha propiedad tiene un valor que va de los 2 millones a 4 millones de dólares. La deuda hipotecaria sería, según obra en el expediente judicial, de unos 420 mil dólares (Expte. Nº LM-26327-2011 “Teniendo en cuenta lo que resulta de la documentación original acompañada, y lo dispuesto en los arts. 521, 529 y 594 del CPCC, líbrese mandamiento de ejecución y embargo contra el ejecutado por la suma de U$S 300.000.-, con más la de U$S 120.000 que se presupuestan “prima facie” para responder a intereses y costas del juicio”). Entre la deuda registrada por el juzgado y el valor inmobiliario de la propiedad hay una diferencia astronómica y de llegar al remate judicial quién gane el mismo estaría haciendo un muy buen negocio.
En septiembre de 2015 la Jueza, actuante en la causa, dispone que “En atención a lo peticionado y de conformidad con lo dispuesto por el art. 246 del CPCC, no habiéndose fundado la apelación concedida a fs. 156. Declarase desierto el recurso interpuesto”, es decir, finalizaron todos los plazos legales para una apelación quedando la propiedad a un paso del remate judicial.
¿Cómo se llega a esta instancia?, nadie sabe mucho y algunos errores de los letrados habrían posibilitado la actual situación. Errores y omisiones de los letrados, de los políticos, silencios y complicidades son los ingredientes de una trama donde varios son los que buscan quedarse con una propiedad muy valiosa a un precio vil.
¿Qué pasaría con CEMEFIR?, no importa: se disolvería, se municipalizaría, se trasladaría a otro lugar; eso no importa, la institución seguirá funcionando pero en otro lugar porque son muchos y, la mayoría poderosos, los que quieren hacerse con la propiedad.
Se habla de una trama muy complicada donde estarían mezclados funcionarios municipales, empresarios, legisladores, abogados, escribanos, etc. Son muchos los “nombres” de renombre que están detrás de esta breva a punto de caer porque la ejecución hipotecaría está a punto de comenzar su proceso. Seguramente de acá a fin de año no lleguen a darse los plazos legales pero en los primeros meses de 2017 estaría todo listo para que se realice el remate.
La Municipalidad matancera aseguró el funcionamiento de la entidad pero hizo muy poco para evitar el remate y los letrados consultados expresaron “una reiterada y pertinaz falta de colaboración de los funcionarios del ejecutivo municipal” y aseguraron que “boicotean todo, no hacen caso a nada; dejan estar y no toman ninguna decisión”.
Son varios los comentarios y dedos acusadores que apuntarían al entorno del “superasesor matancero” pero algo de verdad hay ya que la causa penal no avanzó mucho, ni siquiera se sabe a ciencia cierta en qué juzgado se está tramitando y es importantísimo esto porque si la justicia dilucida que se trató de una estafa se caería la demanda civil porque todo estaría sembrado de sospecha y debería volverse a foja cero todo el proceso.
Eso sí, el prófugo de la justicia anda muy tranquilo por San Justo porque si Viola habla ¡!!se arma la de San Quntín¡¡¡