Por Prof. Joaquín G. Puebla
Varios prestadores de PAMI en La Matanza están atravesando una situación muy crítica y dicha situación tiende a empeorar las cosas en las clínicas matanceras que atienden a los jubilados adheridos a la mayor obra social del país.
Semanario “Quinto Poder” tuvo acceso a un informe reservado que los prestadores están elaborando para elevar a las autoridades del PAMI; en dicho informe se revela cómo se llegó a esta situación y cuáles serían las consecuencias en caso de solucionar prontamente los reclamos que están efectuando.
“Desde hace algunas décadas varias de las Instituciones han tenido distintos modos de contratación con el PAMI” comienza el informe y señala que “En el año 2001 y en la crisis que es de conocimiento general, el Instituto no abonó a las Clínicas y Sanatorios 7 meses completos de facturación. Desde ese momento muchas instituciones han cerrado sus puertas y las que hemos podido seguir funcionando, lo hemos hecho con muchos problemas y cumpliendo con nuestras obligaciones con retrasos o con lo justo”.
“Con respecto a los sistemas de retribución por las prácticas prestadas a los afiliados del Instituto, hemos pasado por distintos modelos, empezando por el modelo de cápita que suponía un importe fijo por cada paciente potencial que le correspondía a cada institución, luego y con la asunción del último gobierno se instaló el modelo de retribución continua que seguía suponiendo un pago por cápita pero con un sistema de pagos adicionales por realizar más prácticas de las supuestas en el contrato, lo que se llamó tasa de incentivos (sistema que nunca se cumplió). Luego y de manera compulsiva se realizó el cambio a un nuevo sistema llamado PCA (pago por prestación con cartera asignada) el que supone pago por prestaciones realizadas, que es el funciona actualmente y del que nunca hemos podido tener las explicaciones lógicas ante diferencias de valores cobrados” sostiene el informe y agrega que “De toda esta descripción histórica de los sistemas de retribución se desprende que ninguna de ellas ha sido conveniente para los prestadores privados de salud, que en todos estos años nunca hemos podido entablar un diálogo con el Instituto y discutir valores, y por consiguiente estamos en situaciones económicas y financieras muy endebles. Es por eso que en este momento atravesamos una situación de incertidumbre y angustia”.
Los prestadores afirman que “Es también de profunda preocupación de quienes suscriben, no poder contar con lo que para cualquier empresa es una variable indispensable para funcionar apropiadamente, la previsibilidad. Es voluntad de todos los prestadores encontrar un espacio de trabajo conjunto con el Instituto donde colaborar con nuestra amplia experiencia en la solución de problemas, estando a disposición para lo que sea necesario” y añaden que “Como entendemos es intención de la actual gestión de gobierno, necesitamos ser previsibles también, ante nuestros empleados, acreedores y sobre todo ante los pacientes que día a día se atienden en nuestras Instituciones. Es nuestra intención comunicarle que creemos firmemente en el diálogo, que hemos intentado varias veces plantear esta institución en el área correspondiente (Gerencia Económico Financiera) y que nos han atendido cordialmente pero sin poder darnos respuestas concretas. Hoy una vez más nos vemos sin interlocutor válido dentro del PAMI que pueda considerar que los prestadores privados de salud somos parte fundamental de este sistema y que necesitamos ser valorados, que es un requerimiento la comunicación entre las partes, que de esa comunicación surgirá la previsibilidad necesaria para el correcto funcionamiento de cada una de las Instituciones. Nosotros representamos la atención de más de 500.000 afiliados del Instituto en hasta el cuarto nivel de complejidad, prestando mensualmente más de 7.000 internaciones y 150.000 consultas externas, por supuesto también cirugías programadas, estudios diagnósticos y tratamientos ambulatorios”.
Los prestadores médicos solicitan al PAMI que:
“Se liberen sin más demoras los pagos de las facturas impagas ya presentadas el mes pasado. Las cuales deben ser abonadas sin débito alguno, ya que estas prestaciones fueron auditadas en su momento por el Instituto, haciendo uso de las facultades creadas a través del sistema PCA el que supone auditar la transmisión de los prestadores y luego dar la orden de facturación”.
También piden que “Pueda recibirnos con inmediatez para poder expresarle personalmente lo que estas líneas pretenden explicar y tenga a bien designar un interlocutor que pueda dar respuestas concretas a las inquietudes de los prestadores en lo referente a cobros, facturación, etc. Considere la urgente necesidad de retomar como fecha de cobro mensual los días 10 del mes y podamos conjuntamente plantear una mesa de diálogo donde podamos discutir las cuestiones de interés de la relación comercial y prestacional que nos une”.
El informe finaliza diciendo que “Ante lo expuesto y teniendo en cuenta la crisis institucional en la que nos encontramos, es nuestro deber informar al Instituto la inminente imposibilidad que se nos presentará para efectuar las prestaciones, las mismas no pueden llevarse a cabo sin la colaboración del personal o si no podemos hacer frente a las obligaciones con proveedores ya emitidas”.
PAMI: LAS CLÍNICAS DICEN QUE QUEBRARÁN POR LOS BAJOS ARANCELES
El diario La nación también se refirió al tema (http://www.lanacion.com.ar/1897080-pami-las-clinicas-dicen-que-quebraran-por-los-bajos-aranceles) y dice: “Representantes de un grupo de clínicas privadas se reunirán hoy con el titular del PAMI, Carlos Regazzoni. Esperan una respuesta al reclamo de un incremento en el valor de los aranceles por los servicios dados a los afiliados de la obra social de los jubilados. El retraso en el valor de los pagos a prestadores es uno de los tantos temas problemáticos y ‘graves’ con los que se encontró la nueva gestión, que denunció fuertes irregularidades en la administración del instituto durante los últimos años: desde pagos de facturas por servicios que nunca se dieron o a prestadores inexistentes, hasta el abandono de miles de sillas de ruedas y larguísimas esperas para obtener una prótesis.
En la necesidad de hacer auditorías y en la situación financiera en que se recibió la obra social, están los argumentos de por qué aún no se resolvió el pedido de las clínicas. ‘Uno de los más graves abandonos que se encontraron en el PAMI es el bajo nivel de los aranceles y honorarios que se abonan a las clínicas y a los médicos -dijo ayer a LA NACION una fuente oficial del instituto-. Resolver la situación es uno de los puntos centrales de la gestión’. Agregó que si bien se hace ‘un enorme esfuerzo financiero por cumplir con las obligaciones, la situación en la que se encontró al instituto es grave’.
Del lado de los prestadores, la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados (Adecra) sostiene directamente que tal como está hoy la situación ‘será imposible evitar el quebranto de muchas clínicas y sanatorios privados’.
El tema afecta principalmente a centros médicos del conurbano bonaerense y del interior del país. Según describió Laura Rodríguez, gerente de la citada asociación, una consulta médica hoy se paga $ 65, un valor que sube a $ 165 ‘si el médico hace recetas en forma electrónica’ (una discriminación que en el sector rechazan), en tanto que un día de internación por neumonía, por citar un ejemplo, es de $ 1330. Según los directivos son valores muy por debajo de lo que se necesita y representan alrededor de un tercio de lo abonado por las obras sociales provinciales.
En 2013, el entonces titular del PAMI, Luciano Di Cesare, dispuso un cambio en el sistema de pagos. Hasta entonces se abonaban cápitas (valores determinados para que una entidad se ocupara de la atención de una cantidad de personas). Y se pasó a un sistema de pagos por prestación. El problema, dicen desde hace un tiempo los directivos, es que el PAMI dispone cuánto va a pagar sin que los montos coincidan con la información enviada. ‘Se cobra no a valor de mercado, sino a ‘valor expediente’, algo que sólo entiende el PAMI’, afirmó Gustavo Bilbao, director del sanatorio Aconcagua, de Córdoba.
El directivo agregó que nunca hubo explicaciones por esas diferencias y afirmó que Di Césare no recibía al sector. Esa falta de diálogo de entonces es una cuestión en la que las clínicas destacan un cambio desde la llegada del actual gobierno.
Uno de los encuentros de directivos con Regazzoni fue en enero. Se estaban pagando entonces las prestaciones de octubre del año pasado y los montos llegaron con un descuento del 50%; tras el diálogo y unas auditorías se habilitó el pago de otro 30%, pero en el sector reclaman aún por el 20% faltante.
Fruto de esos diálogos se otorgó una suba de 4% en los aranceles, pero los directivos dicen que esa medida aún no se hizo efectiva, y que tiene dudosa validez (como todo aumento) si se siguen recortando montos cuando el PAMI define cuánto se abonará. Para el presidente de Adecra, Jorge Cherro, ‘es una vergüenza que con la devaluación que hubo sólo hayan aumentado los aranceles un 4%’ que aún ni se cobró.
Los problemas que dicen tener las clínicas son, en rigor, de diferente índole. Una de las quejas se refiere a la falta de provisión de prótesis. ‘Es algo que pasa desde hace un año y medio; las proveemos nosotros pero desde junio pasado no nos pagan’, puntualizó Bilbao.