Por Prof. Joaquín G. Puebla
El pasado viernes nos desayunábamos con la noticia de una serie de allanamientos en la Secretaría de Tránsito y Transporte del municipio, en varios domicilios particulares, etc. La noticia fue reflejada de la siguiente manera:
“Son 15 los detenidos (http://www.clarin.com/policiales/operaba-cobraban-registro-DNI-trucho_0_1573042785.html) y actuaban en La Matanza como en San Martín. Según la investigación, contaban con la ayuda de empleados municipales. Hasta 8.000 pesos era lo que cobraba una banda que operaba en La Matanza y San Martín por gestionar licencias de conducir y DNI truchos. Hay 15 detenidos y actuaban con la complicidad de empleados municipales. 
Fuentes policiales informaron que la banda fue desbaratada por la Jefatura Distrital Noroeste de La Matanza y sus miembros están acusados de “asociación ilícita, cohecho agravado y falsedad ideológica”. La investigación comenzó con un dato: en un local, ubicado enYrigoyen y Entre Ríos, en San Justo, se podían conseguir licencias de conducir y DNI con trámites falsos. “En el caso del registro, pagabas para evitar hacer el examen teórico, el práctico y hasta el de la vista”, explicaron a Clarín fuentes con acceso al expediente. Las primeras averiguaciones, indicaron las fuentes, dieron cuenta de que en la puerta del local de San Justo se paraba un hombre que se hacía llamar Pedro, quien ofrecía la tramitación de los documentos por un valor que oscilaba entre $3.500 y $8.000. Luego de conseguir el número telefónico para contactar a Pedro, se ordenó que la línea sea intervenida. Fue así que se pudo establecer que había varias personas involucradas en esa maniobra ilícita. “Todos sabían quién era y qué hacía. Usaba el local como oficina de trámites. Por ejemplo, si alguien necesitaba la licencia pero no dar examen, él te mandaba a la municipalidad a conseguir los papeles, vos se los dabas y le pagabas el monto estipulado. A los siete días te llamaba y te decía: “andá a buscar tu registro”, revelaron las fuentes a este diario”.
La escueta información periodística hablaba de una megabanda con una multitud de detenidos. Más de 20 allanamientos y, aún, restan otros tantos que se vieron demorados por el paro de los empleados judiciales.
Desde nuestro inicio Semanario “Quinto Poder” venimos investigando los negocios y negociados que impunemente se vienen cometiendo en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Matanza, que conduce la Lic. Leticia Piris, hemos dado nombre, hemos publicado pruebas, hemos puesto en manifiesto el circuito de la corrupción (https://semanarioquintopoder.com/?p=271 y https://semanarioquintopoder.com/?p=1301) y en todas o, en casi todas, la notas hemos hablado del “Negro Miguel” o “El Gordo Miguel” que atendía en el Bar Chaplin de Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen.
Siempre pusimos en el centro de la telaraña de la corrupción de Tránsito al “Negro Miguel” o “El Gordo Miguel”, siempre dijimos donde encontrarlo y, finalmente, lo encontraron. Pero detrás de la historia oficial siempre hay otra historia de cómo y porqué se llegó a este operativo que tiene como resultados tantos allanamientos y tantos detenidos.
En una causa anterior, que nosotros denunciamos como un montaje escénico para demostrar que el gobierno municipal estaba combatiendo la corrupción (https://semanarioquintopoder.com/?p=3460) tramitada en octubre de 2014, el único resultado que se obtuvo desde la Fiscalía Nº 6 a cargo de la fiscal María Sogio fue un expediente mal tramitado, lleno de declaraciones vacías de las denunciantes como la Lic. Leticia Piris y Mariel Osam (https://semanarioquintopoder.com/?p=3469) y que aún espera que se decida si se eleva a juicio oral, mientras que los municipales, algunos injustamente inculpados, esperan una definición del tema y siguen sin cobrar sus salarios como trabajadores violando expresamente la ley 11757 y la nueva ley 14656 que regula el trabajo de los municipales.
Hay mucha tela para cortar pero mejor empecemos por el principio.
UNA INVESTIGACIÓN DE OFICIO
El fiscal Marcelo Diomede de la UFI Nº5 comenzó una investigación de oficio (Se denomina actuación de oficio a un trámite o diligencia administrativa o judicial que se inicia sin necesidad de actividad de parte interesada, es decir, no es a instancia de parte. Entre otros: a) Cuando la policía conoce un hecho constitutivo de delito y decide iniciar una investigación criminal o cuando el juez o el ministerio público comienzan un proceso de instrucción, investigación o sumario, sin necesidad de denuncia o querella. Véase Derecho procesal penal. B) Cuando el juez ordena un trámite, propone una prueba o aplica un razonamiento jurídico que no ha sido solicitado, aportado o invocado por una de las partes. La posibilidad de actuación de oficio está regulada por ley, y es generalmente diversa entre el Derecho penal y el Derecho civil. Véase Principios formativos del proceso. Estas actuaciones se caracterizan porque: las realiza un organismo público, las realiza, en el ámbito de sus competencias, sin que nadie haya solicitado previamente su actuación, en la mayoría de los casos son una potestad del organismo público. Es decir, no sólo pueden hacerlo, sino que están obligados a ello) en Julio de 2015 a partir de indicios concluyentes que determinaban una serie de delitos en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Matanza, que conduce la Lic. Leticia Piris. Esto es importante dado que en estos días muchos fueron los que se embanderaron con la causa y dijeron que “ellos fueron los denunciantes”.
Según fuentes bien informadas, con acceso al expediente en trámite, el fiscal en cuestión, solicitó la intervención de varios teléfonos para avanzar en la investigación. Todo andaba sobre ruedas hasta que solicitó, pero no obtuvo, la intervención de los teléfonos del “Negro Miguel” o “El Gordo Miguel” aunque pocos saben que su nombre es Miguel Demarco.
Se solicitó la intervención de sus teléfonos al Juzgado de Garantías Nº 2, a cargo de Carlos Alí, pero, reiteramos, el pedido fue denegado. El Fiscal Marcelo Diomede de la UFI Nº5 insistió en su solicitud pero tuvo que acudir a la Cámara para que, después de tres meses, aprobasen su pedido.
¿Por qué se denegó un simple pedido de intervención telefónica en una causa tan importante?, nadie puede contestar la pregunta a ciencia cierta salvó algunos memoriosos que sepan que el titular del Juzgado de Garantías Nº 2, Carlos Alí, en sus buenas épocas, fue municipal y que en esa lejana época habría entablado una fructífera amistad con el hoy imputado “Negro Miguel” o “El Gordo Miguel” aunque pocos saben que su nombre es Miguel Demarco. Obviedades aparte, dicho trámite casi paralizó durante tres meses la investigación.
A partir de que se comenzó a intervenir los teléfonos de “Negro Miguel” o “El Gordo Miguel” aunque pocos saben que su nombre es Miguel Demarco, la investigación tomó un impulso tremendo logrando establecer una trama de venta de turnos para tramitar el registro, la tramitación y obtención de los registros de conducir y, en caso de no poder hacerlo en La Matanza, se realizaba una cambio de domicilio “trucho” y se hacia el registro en el municipio de San Martín donde también hubo allanamiento y detenidos.
LOS ALLANAMIENTOS, LOS DETENIDOS Y LOS PROFUGOS
El Fiscal Marcelo Diomede de la UFI Nº5, bajo los cargos de “asociación ilícita, cohecho agravado y falsedad ideológica” solicitó más de 20 allanamientos, uno en la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Matanza, que conduce la Lic. Leticia Piris y la detención de varias personas, entre ellas, personal municipal de carrera, contratados, cooperativistas, monotributistas (que facturan mensualmente al municipio) y personas ligadas por negocios o política, al municipio pero que no cumplen funciones en el mismo.
Después de los allanamientos, se logró detener a:
- Miguel Demarco o Negro Miguel o el Gordo Miguel (esta detención se realizó en el Bar Chaplín)
- Susana Hurtado (municipal)
- Marcelo Gustavo Mansilla (municipal)
- Héctor Luis Orteo
- Claudio Gustavo Coronel (municipal)
- Horacio Bernardo (monotributista)
- Rubén Terciese (jubilado municipal)
Pese a los allanamientos, no lograron detener y, al cierre de esta nota, aún permanecen prófugos:
- Jorge Amaya (Director general de Licencias de Conducir)
- Facundo Amaya (municipal)
- Lesly Astudillo o Romero (esposa de Facundo Amaya y nuera y secretaria de Jorge Amaya)
- Javier Ojeda (municipal de carrera leg. 22.927)
- Patricio Bibiano
(municipal de carrera leg. 7.107 y Congresal suplente 18 del PJ bonaerense – http://www.grupobass.com/pjweb3/autoridades/page24/page24.html) - Esther Cabrera (cooperativista)
- Lorena Alanis (cooperativista)
Según fuentes confiables aún habría más órdenes de allanamientos en la búsqueda de los profugados, pero las mismas se habrían retrasado a causa del paro de los empleados judiciales.
Un dato curioso la Secretaría de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de La Matanza, Lic. Leticia Piris, declaro en la causa, en forma reservada, días antes de los allanamientos y detenciones que fueron el pasado viernes 06/05. Ella declaró el martes 03/05, el miércoles 04/05 se reunió con la Intendente Verónica Magario y el jueves 05/05, de noche viajó a la provincia de Mendoza, aunque muchos sostienen que habría viajado a España.
“No se descarta que Leticia (por Piris) tenga responsabilidades políticas y legales por estos procedimientos” aseguró una fuente, que solicitó reserva de su nombre, con acceso al expediente y aseguró que “No se comprende como semejante personaje maneje un área tan sensible para el gobierno municipal y que ha tenido tantas complicaciones a lo largo de los años. Algo anda mal en la política matancera”.
A partir de la difusión de esta nota serán muchas las especulaciones y lecturas políticas de la misma pero la realidad es que desde hace mucho tiempo se sabía que Miguel Demarco (a) “Negro o Gordo Miguel”, hacia lo que hacía desde su oficina en el Bar Chaplín, nadie desconocía su actividad, muchos hicieron negocios o le pidieron favores, era un hombre informado y de influencia dentro del municipio y, a partir de su detención, podría abrir una “Caja de Pandora” de increíbles proporciones porque Miguel Demarco (a) “Negro o Gordo Miguel” no sólo hacia registro o vendía turnos para hacerlos, había otros negocios donde estarían implicados funcionarios municipales de la más altas esferas y legisladores matanceros (algunos muy sospechados).
La investigación no está cerrada y sigue avanzando, todavía hay muchas horas de escuchas, seguimientos, filmaciones y demás aspectos investigativos por analizar.
Un reconocido penalista matancero me confirmó que “Podemos afirmar que la actuación del Fiscal Marcelo Diomede de la UFI Nº5, hasta ahora, ha sido impecable y detrás de cada orden de detención hay muchas horas de trabajo investigativo”.
Podría haber, a futuro, más implicados en el caso, después del análisis del material secuestrado en los allanamientos.
Algo no común en este tipo de causas, el Fiscal Marcelo Diomede de la UFI Nº5, también inculpó por el cargo de “cohecho activo” a quienes compraron un registro o pagaron por un turno para hacerlo.
A minutos de cerrar la nota llegó a nuestra mesa de trabajo la información de que Patricio Bibiano (municipal de carrera leg. 7.107) se había entregado y sería indagado el día de mañana.