Por Prof. Joaquín G. Puebla
Por ahí el título de la nota es algo fuerte o amarillista, pero es inconcebible y es inaudito que suceda lo que vamos a revelar en esta investigación y, peor aún, es algo común para estos funcionarios municipales y provinciales. La maniobra no es tan compleja ni rebuscada, pero es indignante en sí misma.
La ciudadanía matancera está enfrentando una situación compleja respecto a la inseguridad, los hábitos de la población cambiaron y no hay presencia policial en las calles. Según pude observar apenas cae el sol las calles y avenidas de nuestro distrito quedan vacías sean las 18.30 o 19 Hs. El vecino tiene miedo y ese miedo no le permite transitar libremente por su barrio, es una realidad que se ve y sufrimos todos los días.
Pero los chorros y los políticos se mueven libremente, no les importa la hora porque, precisamente, a ellos no les importa la inseguridad porque no la sufren.
LA POLÍTICA EN ESTADO DELIBERATIVO
El portal “La Política On Line” publicó una nota donde comentaba la reunión de Intendentes de la primera y tercera sección electoral donde hablaron de política y, hacia los postres, hablaron de tema de la inseguridad; las nota, al respecto, sostiene que “También hubo algunas alertas respecto de la inseguridad. Puntualmente plantearon su preocupación por la discontinuación en la entrega de patrulleros a los municipios” y señala que “Allí, las críticas fluyeron hacia el ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni. Es que la falta de diálogo entre los alcaldes y el funcionario es una constante desde el inicio del gobierno de Axel Kicillof” (https://www.lapoliticaonline.com/conurbano/fuertes-criticas-a-berni-en-una-reunion-de-los-intendentes-del-conurbano-en-pilar/).
Los políticos están hablando entre sí porque tienen miedo de perder poder, tienen miedo que la crisis política – económica e institucional de la nación repercuta en sus distritos y pierdan en las elecciones próximas sus puestos.
Como dice la nota están preocupados por la inseguridad y por la discontinuación en la entrega de patrulleros a los municipios y acá es donde nace la indignación…
INCENDIAN PATRULLEROS
En diciembre de 2020 en un predio ubicado en la calle Zapiola (bordeando las vías del ferrocarril) en San Justo misteriosamente se incendiaron más de 20 patrulleros que el municipio había entregado a la Policía Bonaerense pero que todavía no tenían el personal designado la usarlos.
Eso sí, ya estaban dados de alta en el patrimonio del Ministerio de la Inseguridad, que conduce el “descontrolado” Sergio Berni. Esto implica que por esos patrulleros el municipio “les pagaba la nafta que utilizaban” porque si nos fijamos bien en las boletas de las Tasas por Servicios Generales (impuesto municipal) cobran un ítem que se denomina: Gastos de Seguridad. Con ese dinero la Municipalidad matancera paga el combustible, pero lo interesante del asunto es que lo paga ande o no el patrullero.
El incendio de los patrulleros no fue casual ni fue un accidente, muy al contrario, fue totalmente intencional.
Un bombero que estuvo en el lugar para extinguir el incendio me comentó que “La destrucción fue total se quemó todo, pero cuando comenzamos a remover los escombros para extinguir todas las llamas o las brasas notamos que la mayoría de esos patrulleros estaban faltos de piezas” y me asegura que “Levantamos un par de capot y nos encontramos que alguien había sacado piezas de los motores y en más de uno, directamente, no tenían motor”
No nos olvidemos que eran patrulleros nuevos, casi sin uso y ya le habían rapiñado todo lo que se podía vender y, según la fuente mencionada “El incendio fue premeditado y lo hicieron para tapar que se habían robado muchas autopartes de los vehículos siniestrados”.
Si bien nuestro medio estaba al tanto del incendio (de ahí las fotos del mismo) no hicimos una nota porque nos faltaban precisiones.
A los pocos días la “chatarra humeante” en que se habían convertido los patrulleros desapareció del predio y el mismo se adecentó como para demostrar que ahí no había pasado nada.
Hace un par de semanas nos llegó el dato que los mencionados patrulleros estaban amontonados en playa de caución que pertenece al municipio matancero ubicada en Jofré y Urdaneta, carca de Carlos Casares y Ruta 3.
Fuimos al predio y pudimos observar que realmente estaban los patrulleros convertidos ahora, en “chatarra oxidada”. Nos pusimos a investigar un poco más y descubrimos que esos patrulleros no habían sido “dados de baja en el patrimonio Ministerio de la Inseguridad, que conduce el descontrolado Sergio Berni” y eso significa que aún le estaban pagando el combustible.
Dos años después de la destrucción total de los vehículos seguían figurando “como operativos y algunos funcionarios municipales entongados con otros funcionarios provinciales se estaban con el presupuesto de esos vehículos, es decir, con el combustible y el mantenimiento”
UN DESGUASE COMPLICADO
En la mencionada playa de caución municipal se decidió, hace poco, que se instalaría una planta de reciclaje de plásticos que es un programa municipal con apoyo del gobierno nacional y que coordina Juan (Juancito) Espinoza, hijo del Intendente Fernando Espinoza; ante esto era más que urgente desalojar el predio de todos los vehículos en el lugar y se solicitó al CEAMSE (Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado) como organismo competente para la disposición final de esa chatarra que procediera a la compactación de los vehículos y la limpieza del lugar.
El CEAMSE contrató a una empresa para realizar dicha tarea y le entregó un listado de vehículos a compactar, pero “la chatarra oxidada” de los patrulleros no estaban en el listado y la empresa contratada para limpiar el lugar no se los llevó pese “al ruego y, después, apretada de algunos funcionarios municipales y policiales”; de haberse podido compactar esos vehículos “literalmente desaparecía toda prueba del choreo que estaban haciendo estos funcionarios” es decir, “nadie iba a poder denunciar el delito porque no había pruebas del mismo”.
Nuestra indagación armó algún revuelo y trascendió entre algunos funcionarios municipales, entre ellos al Secretario General de Protección Ciudadana, Dr. Eduardo Salomón BARCAT, quién tomó el asunto en sus manos y comenzó el proceso administrativo para dar de baja a esos “patrulleros desaparecidos e iniciar la investigación interna pertinente”.